El Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación, en su sesión extraordinaria número 03, de fecha 22.11.18, acuerda emitir el siguiente comunicado público, ante la comunidad universitaria, emeritense y nacional, para fijar posición frente al robo ocurrido en el Edificio B el día 17 de noviembre de 2018.
En tal sentido, expresamos un rechazo contundente y categórico contra el robo perpetrado el día señalado, aproximadamente a las 10 y 30 pm, y que ocasionó graves lesiones físicas que pusieron en serios riesgos la vida de uno de los miembros del cuerpo de vigilancia de nuestra Facultad, así como la pérdida de 19 computadoras de la Escuela de Medios Audiovisuales. Situación que ha generado consternación por parte de los profesores, estudiantes y personal A.T.O que hacen vida en la Facultad de Humanidades y Educación.
Elevamos nuestra voz de protesta ante este robo en nuestras instalaciones debido a que atenta contra la tranquilidad y el bienestar de una comunidad dedicada a su trabajo docente, académico y administrativo y a preservar sus espacios físicos ya visiblemente deteriorados. Es necesario resaltar que esta situación también ha traído como consecuencias la clausura temporal del Edificio B, y por ende ha impedido el cumplimiento regular de las funciones esenciales de docencia de pregrado y de postgrado, investigación y extensión, propias de toda casa de estudios universitarios.
Del mismo modo, manifestamos nuestra solidaridad a la Escuela de Medios Audiovisuales, dependencia que ha sido merecedora de premios regionales, nacionales e internacionales y que siempre ha enorgullecido con sus exitosas producciones audiovisuales al país, a la Universidad de Los Andes y a nuestra Facultad. De igual modo, expresamos nuestro respaldo al Sr. Wuilfredi Moreno, vigilante del Edificio B de esta dependencia, quien fuera salvajemente golpeado en este hecho. La pérdida de estos equipos, además de ser económicamente irrecuperable en estos momentos de crisis económica y de hiperinflación que vive el país, constituye un atentado en contra de las actividades académicas de sus estudiantes y docentes, quienes dependen de computadoras con características especiales y específicas para realizar sus producciones y, como siempre lo han hecho, llevar el nombre de la Facultad de Humanidades y Educación en alto.
Igualmente, nos solidarizamos con el resto de los programas académicos de postgrado, pregrado, extensión y de investigación que hacen vida en el Edificio B, con los estudiantes, profesores, personal administrativo de la Facultad de Humanidades y Educación y la comunidad merideña en general, que también se ve afectada puesto que concurre a estos espacios para su formación académica.
Denunciamos y rechazamos pública y contundentemente el robo y el uso de prácticas de violencia en los espacios de la Facultad de Humanidades y Educación. Exigimos a los órganos de Seguridad Ciudadana regional y nacional que actúen en defensa de la protección a las personas y sus pertenencias, establecida en el artículo 55 de la Carta Magna y, en consecuencia, activen los mecanismos útiles y apropiados para enfrentar y repeler las bandas organizadas que impiden a los miembros de nuestra comunidad humanista la tranquilidad y confianza necesarias para desarrollarse, integral y positivamente en el marco de los procesos culturales y educativos necesarios para el avance de nuestra sociedad.
Finalmente, solicitamos al Consejo Universitario ordenar que el Servicio Jurídico de la Universidad de Los Andes eche mano de todos los recursos administrativos, de seguridad y legales a su disposición para lograr que, por intermedio de la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía del Ministerio Público, cualesquiera otros órganos administrativos involucrados y los órganos jurisdiccionales competentes, busquen los mecanismos para garantizar la protección de los espacios de la Facultad de Humanidades y Educación y el bienestar psicológico y físico de los miembros que en ella hacen vida.
Tal solicitud la hacemos en razón de que la escalada de hurtos y robos va en franco aumento, y los órganos de seguridad del Estado, a quienes les compete la Seguridad Ciudadana, no hacen nada para detenerla, violando el apartado segundo del artículo 30 de la Constitución Nacional que establece, como garantía de protección de los Derechos Humanos, la obligación que tiene el Estado de proteger a las víctimas de los delitos comunes y de accionar el aparato judicial para que los culpables reparen los daños causados.
Es justamente esa acción la que estamos solicitando a nuestra Universidad y a los organismos de seguridad competentes para la protección de nuestros derechos, toda vez que, en la Facultad de Humanidades y Educación no solo funcionan los programas académicos de pregrado, postgrado y doctorado característicos de cualquier Facultad, sino también somos un espacio académico que alberga y lleva a cabo importantes actividades de extensión y eventos que nos obliga a recibir a la comunidad merideña en general, a académicos de otras Facultades, de otras universidades venezolanas y de la comunidad académica mundial, así como a personalidades y autoridades de nuestro país y de otras naciones. El resultado de estas acciones permitirá que se re-instaure el orden civil y académico en los espacios del Edificio B y de la Facultad de Humanidades y Educación.
Las razones expuestas, además de las evidencias públicas notorias y comunicacionales, son más que contundentes para fundamentar jurídica y legalmente el petitorio ante los órganos competentes.
Dado, firmado y sellado en el Salón de Sesiones del Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación a los veintisiete días del mes de noviembre de dos mil dieciocho.
Mery López de Cordero Francisco Quiñonez
Decana (E) Secretario
